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Publicado en7 mayo, 2018 Por EnGestión de RRHH, Laboral Y1359 Views

Derecho a los salarios de tramitación en los supuestos de imposibilidad de readmitirDestacado

  • Derecho a los salarios de tramitación en los supuestos de imposibilidad de readmitir aunque no fuese solicitada la extinción contractual por el demandante. Reitera doctrina, que se amplía por justicia material al supuesto de apreciación de la extinción del contrato de oficio, aunque esta apreciación sea indebida por parte del juzgado, por no haberla solicitado el demandante.

En la demanda que dio lugar a las presentes actuaciones se instaba la declaración de nulidad o improcedencia del despido con sus legales y usuales consecuencias de readmisión o extinción indemnizada, con abono -en todo caso- de los salarios de tramitación.

La cuestión que en autos se suscita ha sido objeto de reiterado tratamiento por la Sala del TS y su conclusión ha sido la de reconocer el derecho a los salarios de tramitación en los supuestos en que -aún en fase declarativa- la readmisión fuese imposible.

Para la Sala:

a).- «… por sí solo, el art. 110.1.b) de la LRJS no comporta condena al abono de los salarios de tramitación.

Ahora bien, si no se activase la solicitud en él prevista y se prosiguiese con la normal ejecución de la sentencia de despido improcedente, al constatarse posteriormente que la readmisión es imposible el Juzgado debería dictar auto dando por extinguido el contrato y condenando (entonces sí) al abono de los salarios de tramitación, además de la indemnización tomando como periodo de prestación de servicios el transcurrido hasta la fecha del auto judicial (art. 286.1 LRJS). La comparación entre las consecuencias del art. 110.1.b), aisladamente interpretado, y las de los preceptos sobre ejecución de sentencia en que no se haya activado esa solicitud conduce a un resultado incoherente. La conclusión es abiertamente insatisfactoria y disfuncional, pues parecería que se incentiva la prolongación del procedimiento: si el trabajador permanece pasivo (aunque conozca las circunstancias de la empresa) hace aumentar el tiempo tomado en cuenta para calcular indemnización y el monto de los salarios devengados.

No tiene sentido lógico la eliminación de salarios de tramitación para mantenerlos en la misma hipótesis pero replanteada en un hito procesal posterior. De ahí que deba buscarse el modo de armonizar los dos bloques normativos» (STS 19 de julio de 2016 -rcud 338/15-, asunto «Adega do Emilio, SL»).

b).- «…si efectuamos una interpretación estricta y literal del artículo 110.1.b) de la LRJS llegamos a la conclusión de que no procede la condena a salarios de tramitación, al no estar expresamente prevista esta condena en el citado precepto. Ahora bien, si tenemos en cuenta la descrita situación -declaración de extinción de la relación laboral que, como práctica forense, viene siendo seguida por los Juzgados de lo Social- y ponemos en relación el silencio del señalado artículo 110.1.b) de la LRJS, respecto a salarios de trámite, con las previsiones de otros preceptos, tanto del artículo 56 del Estatuto de los Trabajadores… como los artículos 278 a 286 de la propia Ley que regulan “la ejecución de las sentencias firmes de despido”…, la solución puede -y entendemos debe ser- la que ya arbitró esta Sala ante la misma situación, si bien con anterioridad al redactado actual del artículo 110.1.b) de la LRJS en la sentencia de 6 de octubre de 2009 (rcud. 2832/2008), de reconocer el derecho al percibo de los salarios de tramitación desde la fecha del despido hasta la fecha de la extinción laboral, solución seguida también en sentencias posteriores de 28 de enero de 2013 (rcud. 149/2012) y 27 de diciembre de 2013 (rcud. 3034/2012), en supuestos singulares de imposibilidad de readmisión» (SSTS 21 de julio de 2016 -rcud 879/15- asunto «Moure Pan, SL»; 25 de septiembre de 2017 -rcud 2798/15-, para «Hipescar, SL »; y 25 de octubre de 2017 -rcud 243/16-, para «Mecano Castilla, SL»).

c).- «…la interpretación estricta, no sólo perjudicaría al trabajador injustamente despedido, que es la parte perjudicada o víctima en la situación jurídica de despido improcedente, y beneficiaría a la empresa por una decisión injusta y contraria a la Ley, es decir, beneficia a quien causa el perjuicio o victimario en la situación jurídica del despido improcedente, sino que además desincentivaría, y sería contrario a cualquier principio de economía procesal en tanto que obligaría, de hecho, a todo trabajador despedido de forma improcedente y con la empresa cerrada, a no pedir la extinción contractual al momento de la sentencia, a no anticipar la solución del conflicto y esperar a la ejecución ordinaria, previsiblemente con readmisión implícita por falta de opción empresarial, y por tanto con devengo de salarios de tramitación, a costa de una mayor dilación procesal y de un mayor esfuerzo y saturación de la administración de justicia, innecesarios para prestar la tutela efectiva» (SSTS 21 de julio de 2016 -rcud 879/15- asunto «Moure Pan, SL»; 25 de septiembre de 2017 -rcud 2798/15-, para «Hipescar, SL»; y 25 de octubre de 2017 -rcud 243/16-, para «Mecano Castilla, SL»)

2.- Partiendo de la literalidad del art. 110.1.b) LRJS [«A solicitud del demandante, si constare no ser realizable

la readmisión, podrá acordarse… tener por hecha la opción…, declarando extinguida la relación…»], la misma doctrina ha sostenido que ese derecho a los salarios de tramitación «requerirá siempre y en todo caso, el cumplimiento de los dos siguientes requisitos: a) que la extinción de la relación laboral sea solicitada expresamente por el trabajador demandante; y, b) que en el acto del juicio se acredite la imposibilidad de su readmisión por cese o cierre de la empresa obligada o cualquier otra causa de imposibilidad material o legal».

Y nos parece claro que la exigencia de esa «solicitud» de parte a que el precepto refiere, comporta no sólo un presupuesto de la consecuencia que contempla [extinción de la relación laboral, por imposibilidad readmisoria] sino un mandato dirigido al juzgador, de forma que éste se abstenga de efectuar un posible pronunciamiento no solicitado. Ahora bien, para el supuesto que el Magistrado desatienda tal prescripción y acuerde una extinción contractual no pedida, creemos que por justicia material no pueden negarse las mismas consecuencias, que cuando la finalización del vínculo laboral hubiese sido expresamente pedida por la parte, puesto que ni puede admitirse que se deje a la voluntad del juzgador determinar el alcance de los derechos del trabajador despedido, ni tampoco obligarse a éste a que necesariamente combata por vía de recurso -con todo lo que ello comporta- una decisión opuesta a los principios que informan el proceso y -sobre todo- a la debida tutela judicial; sin perjuicio, claro está, de que la parte pueda efectivamente denunciar la incongruente respuesta judicial, si a sus intereses conviniese.

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